Las organizaciones publicas y privadas han tenido que adoptar medidas urgentes para gestionar el escenario del coronavirus y su gestión se ha centrado en mantener actividad esenciales y de manera sucesiva incorporar adicionales, bajo un esquema que pretende garantizar la salud de los ciudadanos y mantener un umbral de espacios para atención en los hospitales.

Así, toda su inteligencia y recursos se ha volcado en dichos objetivos y no han quedado medios para abordar otras cuestiones.

El observatorio John Hopkins establece en su portal al día de ayer que se tienen 204.192.836 de personas infectadas, 4.318.124 de personas fallecidas en el mundo, de las cuales en México desafortunadamente 2,997,885 fueron infectadas 245,476 han fallecido desafortunadamente.

Ahora bien, 72,986,350 de personas han sido vacunadas y 27,677,695 personas cuentan con las dos dosis, lo que representa el 21.70% de la población calificada para vacunarse en México.

En nuestro país, las determinaciones de la autoridad se enfocaron en establecer actividades esenciales, pero cada vez toma mas fuerza transformar esa la política publica en actividades seguras y formales, ya que ante la actual ola de contagios los sectores productivos difícilmente soportaran un cierre de actividades productivas pero se encuentran ante la disyuntiva de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la cultura de la informalidad en México tiene que cambiar, por razones de economía, salubridad y seguridad.

Por su parte, las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la covid-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenaza con obstaculizar su reapertura.
Acuciadas por el incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la administración federal y de otras estatales y locales.
Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacuna anticovid o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo.Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo y el tiempo corre en contra con la propagación de variantes más transmisibles que podrían sortear la efectividad de los preparados disponibles.
En estados Unidos se esta considerando que “Las órdenes de vacunarse son legales, éticas y efectivas. Salvan vidas.
Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67.000 trabajadores en EE.UU. de aportar pruebas de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones por salud o religión deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como “condición de empleo”.El riesgo de ser despedido si no se prueba la vacuna anticovid plantea un debate que ya se ha trasladado al ámbito legal en algunos casos, con el caso más destacable en la denuncia interpuesta por más de un centenar de trabajadores contra el Houston Methodist Hospital.El tribunal dio razón al hospital por exigir la vacuna a sus trabajadores, que argumentaban que los preparados disponibles no cuentan todavía con las autorización completa de los reguladores, sino una de emergencia, y dudaban de su seguridad.También se están empezando a ver primeras consecuencias de estas políticas de “tolerancia cero”, con el despido de tres empleados de CNN que acudieron a la oficina sin contar con una vacuna anticovid, según trascendió esta semana.

Se esta reconociendo que hay cierto escepticismo escondido entre argumentos médicos o religiosos, por lo que abogó por “educar a la población con hechos y ciencia lo mejor posible” y consideró crucial combatir la desinformación, reconociendo también el daño de la “politización de la covid-19 y la subsecuente polarización ideológica” “Muchas empresas están también suplicando reabrir.
Es un equilibrio entre vidas y formas de vida. Se debería permitir que ocurra con la responsabilidad añadida trasladándose de la supervisión pública por el estado al sector privado tomando mucha más responsabilidad respecto a su plantilla y clientes

En este escenario de crisis global, resulta conveniente que las empresas realicen un seguimiento detallado de las directrices que emanan de las autoridades, de manera que apliquen de forma razonable sus indicaciones, pues es en este punto donde emerge el riesgo de sufrir sanciones o daño por el incumplimiento del marco regulatorio.