A medida que los gobiernos fueran liberando disposiciones restrictivas impuestas por el covid-19 y abriendo gradualmente sus economías, eran de esperarse aumentos significativos en los niveles de inflación a escala mundial.

La producción de alimentos se vio gravemente afectada durante la pandemia, lo cual contrajo la oferta de productos comestibles, frente a una demanda que ha ido creciendo según los avances alcanzados con los planes de vacunación contra esta enfermedad.

La situación trastorna con mayor intensidad a los países con economías menos competitivas, y donde el covid-19 provocó la pérdida de cientos de miles de empleos todavía sin recuperar.

República Dominicana no es un caso excepcional en este contexto desafiante. Las autoridades saben bien el impacto social que suponen las subidas estrepitosas de los alimentos, y buscan alternativas consensuadas para evitar desenlaces indeseados.

El presidente Luis Abinader asumió personalmente las diligencias que motoriza el Gobierno para frenar la carestía de la canasta familiar, convocando a diversos sectores para escuchar sus ideas y recomendaciones.

La cúpula empresarial entiende que las autoridades deben garantizar la disponibilidad de alimentos a la población y que la gente tenga dinero para comprarlos, pero reniega un reajuste salarial en los términos sugeridos por las centrales sindicales, de hasta un 40 por ciento.

Otros empresarios advierten que el Gobierno debe ser cauteloso con su política de subsidios. Específicamente, exhortan que esos programas de apoyo deben beneficiar directamente a los consumidores y no a los productos.

Al margen de los factores externos que explican el incremento de los productos alimenticios, el Estado dominicano luce a su vez vencido por un monstruo de mil cabezas llamado especulación, que en este ambiente crispado y de exigencias multisectoriales añade una pieza más al complicado rompecabezas.

Así las cosas, este escenario convulso impone al Gobierno la tarea de abordar el tema de los alimentos con absoluta moderación en la toma de decisiones. Los resultados de cada esfuerzo deben traducirse en tranquilidad y confianza de toda la población.

Escuchar, discutir y socializar opiniones y propuestas, es un paso importante en el abordaje de un problema que exige ser enfrentado con un alto nivel de responsabilidad gubernamental.