Algo huele mal en el fallo para invalidar la sentencia federal de 45 años de cárcel contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. La justicia ordena dictar una nueva sentencia con base en el Código Penal de Baja California, vigente donde y cuando ocurrieron los hechos, el 23 de marzo de 1994. El asesinato de Colosio debió ser juzgado bajo el código penal local y no por el Código Penal Federal, pues aunque el asesinato se manejó como un “magnicidio” ciertamente fue un delito del fuero común y la pena máxima contra el victimario hubieran sido 30 años. Cierto, Mario Aburto ha cambiado varias veces su versión de los hechos, pero cuando escribió una carta, donde por primera vez involucra al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a otros peces gordos de aquel tiempo, a la presidenta de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, le brillaron los ojitos; recomienda reabrir el proceso bajo el argumento de violaciones graves al “debido proceso” y los derechos humanos del acusado, lo cual le viene como anillo al dedo al mandamás de Palacio. Si la Fiscalía General de la República, otra institución sometida a la voluntad presidencial, apela la nueva sentencia, esta podría llegar hasta la Suprema Corte y al final Aburto quedaría en libertad el 23 de marzo del año próximo, en vísperas de la elección más importante en la historia de México; convertir a Mario Aburto en un peón político-electoral sería oro molido para Morena, y desde luego para “ya sabe quien”.