El gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 2422 de 2022 por medio del cual crea "La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana."
Esa Comisión cuyo funcionamiento se asimila a un nuevo tribunal de justicia deberá recomendarle al Presidente "la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros" del gobierno."
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La Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, la Procuradora General y el Defensor del Pueblo se sumaron el fin de semana al Tribunal de Bogotá, jueces y fiscales que ven amenazada la independencia y autonomía del poder judicial por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
Deben ser los jueces y no el gobierno quien queda en libertad y quien no por delitos cometidos en el marco de la llamada protesta social.
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