El aprobar una amnistía para comprar unos diputados y así conseguir la presidencia del Gobierno es corrupción política. Sánchez se ha comprometido a conceder la soberanía fiscal a Cataluña, en un esquema similar al concierto económico vasco o el convenio navarro, a cambio de que ERC vote a Illa. No hay duda de que es corrupción política. Es cierto que tenemos una idea de la corrupción unida al político o funcionario que acepta un pago económico. Es muy limitada. El Diccionario de la Lengua Española considera que es, también, la utilización indebida o ilícita de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho de sus gestores. Es, también, un «deterioro de valores, usos o costumbres». Creo que Sánchez y sus seguidores no se pueden sentir ofendidos cuando se pone de manifiesto que utilizan las instituciones públicas en su beneficio personal y en contra del bien común. En este sentido, si nos acogemos a lo que señala el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico la definición es muy interesante: «comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria».