Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, declaró que las trabajadoras domésticas no son indigentes y que necesitan un contrato de trabajo y un compromiso de sus empleadores para poder entrar en la seguridad social, no como parte del régimen subsidiado, sino como parte del contributivo, al que están dispuestas a aportar como manda la ley 87-01.

Elena Pérez describió el trabajo doméstico con toda su crudeza, y dijo que en los sectores de clase alta se paga un promedio de 18 mil pesos mensuales y en los de clase media y media baja se paga hasta 10 mil mensuales, sin vacaciones, sin derecho al descanso o a la seguridad social.

Dijo que en el trabajo doméstico hay discriminación, maltrato psicológico y maltrato físico. Rechazó que las trabajadoras del hogar participen de hurtos y otras actividades ilícitas. “Somos personas decentes, y acudimos al trabajo doméstico para no delinquir, para lo cual trabajamos hasta 16 horas al día, cuando el trabajo se conviene con dormida”, declaró.

Explicó que las trabajadoras domésticas que resultan embarazadas son despedidas del trabajo inmediatamente, y que en ocasiones han resultado contagiadas por enfermedades que tienen las personas que ocupan el hogar, porque no se le transmite la información adecuada. Citó un caso irregular de contagio por tuberculosis.

Denunció las agencias de empleos para trabajos domésticos, y dijo que son abusivas. Y entre las trabajadoras domésticas migrantes dijo que hay haitianas y venezolanas, quienes por su condición de extranjeras son mas vulnerables, y reciben hasta amenazas de denuncia para fines de deportación.

Elena Pérez explicó que apoyan el trabajo realizado por el ministerio del ramo, con el borrador de un proyecto que busca regularizar el trabajo doméstico. Negó que ese proceso disminuya las posibilidades de algunas familias para tener apoyo en el hogar.