Junts es la heredera directa de Convergència y su sector de los negocios. Por ello, era previsible que apoyara a Sánchez si se sometía a sus deseos. La situación es tan esperpéntica como vergonzosa, porque asistimos a una cuidadosa demolición del Estado de Derecho con un vaciado competencial en favor de Cataluña. Es un proceso que se desarrolla a espaldas del resto de autonomías y que quiebra el principio de igualdad. No es fruto de un deseo de mejorar el Estado sino de la obsesión de Sánchez de mantenerse en la presidencia comprando los votos de Puigdemont. Lo hace a costa de España y los españoles. Un independentista fugado de la Justicia decide desde Waterloo la gobernabilidad del país que quiere destruir. Lo hace con la aquiescencia de Sánchez, que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el aplauso de los diputados socialistas que han renunciado a sus principios para abrazar el sanchismo y la ideología radical y populista del Grupo de Puebla. Los votos para que apoyaran los decretos ley han sido a cambio de ceder a Cataluña las competencias en materia de inmigración y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.